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En juego, juicio millonario contra el IETU
Son 31 mil demandas contra ese impuesto. Advierten que los amparos masivos ponen en riesgo el presupuesto. Legisladores impulsan reforma constitucional para frenar abusos de empresas.
Carlos Avilés
El Universal
Lunes 16 de marzo de 2009
caviles@eluniversal.com. mx
El gobierno federal litiga el juicio masivo más cuantioso de su historia, en el cual están en juego alrededor de 70 mil millones de pesos.
Se trata de 31 mil demandas que se promovieron en contra del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) en el año 2008, en el juicio de mayor dimensión que se ha promovido contra una disposición fiscal.
En teoría el gobierno ya ganó el primer round, al lograr que los amparos no se concedieran en primera instancia. Pero, la decisión inicial que adoptaron los juzgados especiales que se crearon para atender estos asuntos, no es definitiva.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se encarga de revisar la decisión adoptada por los jueces, a fin de determinar si el llamado IETU es inconstitucional o no, y si, por ende, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene o no que devolver los alrededor de 70 mil millones de pesos que se calcula recaudó por este concepto.
Pero pase lo que pase en este asunto, ya marcó un cambio en lo que será el futuro de los juicios contra impuestos.
La dimensión que alcanzó, sumada a la posibilidad de que casos tan numeros y cuantiosos económicamente se repitan en el futuro, propició que el gobierno del presidente Felipe Calderón y las principales fuerzas políticas del país llegaran a un acuerdo para reformar la Constitución, a fin de modificar los alcances de los juicios contra impuestos que, aseguran, se han convertido en el gran negocio de unas cuantas empresas, en perjuicio de la mayoría de la población.
Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados suscribieron, la semana pasada, una iniciativa de reforma constitucional que busca acabar con los abusos en que han incurrido las grandes empresas, así como evitar que el gobierno tenga que hacer devoluciones millonarias de impuestos.
La intención, se asegura en el documento que suscribieron Héctor Larios Córdova (PAN), Javier González Garza (PRD) y Emilio Gamboa Patrón, es adicionar un párrafo al artículo 107 de la Constitución, en el que se establezca un mecanismo que permita que cuando la Suprema Corte de Justicia —por cuando menos 8 votos de sus 11 integrantes— declare inconstitucional un impuesto éste no se le vuelva a cobrar a nadie, y no sólo a quien gana el amparo, como ocurre actualmente.
Es decir, una vez declarado inconstitucional un impuesto, no se le podrá cobrar a nadie.
Y no sólo eso. La propuesta cancela, de manera definitiva, la posibilidad de que el fisco realice devoluciones de impuestos, toda vez que las declaratorias de inconstitucionalidad no tendrán efectos retroactivos.
En otras palabras, un impuesto inconstitucional dejará de cobrarse una vez que sea anulado, pero no se devolverá lo que ya se pagó por este concepto.
Presupuesto en riesgo
Javier Laynez Potisek, procurador fiscal de la Federación, coincide con los legisladores en que los juicios de amparo, en los últimos años, se han convertido en un verdadero riesgo para el presupuesto del gobierno; en un mecanismo que sólo beneficia a una minoría; y en un juicio que es usado por las grandes empresas como una estrategia de negocio y una forma de evitar pagar impuestos y obtener mayores ganancias.
El presupuesto se pone en riesgo, afirma Laynez, en especial cuando los juicios de amparo son presentados en forma masiva, porque pueden afectar los ingresos públicos y frenar los gastos programados.
Tan sólo en los últimos tres años, asegura, de acuerdo con cálculos de la procuraduría a su cargo, se han puesto en juego alrededor de 346 mil millones de pesos, una suma que equivale a los presupuestos de las secretarías de Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, así como del Conacyt y de Energía.
En la mayoría de los casos las autoridades fiscales, afirma, han ganado los juicios y se ha evitado que el daño al presupuesto alcance tales dimensiones.
Pero aún así, reconoce, los montos de las devoluciones que se tienen que hacer por los juicios de amparo que ganan las grandes empresas es alto.
Estrategia de negocios
De 2001 a 2006, es decir durante prácticamente todo el sexenio del presidente Vicente Fox, la Secretaría de Hacienda tuvo que devolver 47 mil 183 millones de pesos, por juicios que ganaron diversas empresas.
Dichas devoluciones fueron a parar a los bolsillos de un reducido grupo de contribuyentes.
Porque, afirma Laynez Potisek, sólo 2% de las más de 676 mil empresas contribuyentes son quienes ganan amparos para que se les devuelva el pago de sus impuestos, de acuerdo con reportes que obtuvieron del 2005 al 2007.
Se trata de un grupo de privilegiados que, en la práctica, han hecho del amparo contra impuestos una estrategia de negocios, por las ventajas económicas y competitivas que obtienen al liberarse del pago de impuestos.
Por ejemplo, la industria de comunicaciones y la industria alimenticia, se ubican entre las que más menos pagan por algunos conceptos del Impuesto Sobre la Renta, gracias a los amparos que han obtenido.
El uso que se le ha dado al amparo fiscal como estrategia de negocios fue retomado en la exposición de motivos que sustentó la propuesta de reforma que armaron las tres principales fuerzas políticas del país.
En el documento que suscribieron PAN, PRD y PRI se asegura que “las ventajas económicas y competitivas que conlleva el liberarse del pago de impuestos, ha provocado que la promoción de amparos constituya una decisión de negocios, independientemente de si la norma es susceptible de ser declarado inconstitucional”.
“Se ha creado —se agrega— en consecuencia, un incentivo para que todas las empresas planeen sus ejercicios y operaciones fiscales contemplando la promoción de amparos para liberarse de las contribuciones debidas y colocarse en una situación de ventaja frente a sus competidores”.
Para acabar con este problema, y a manera de justificación, los legisladores aclaran en su propuesta que “no se trata de poner en tela de juicio la libertad y el derecho de los contribuyentes de cuestionar ante los tribunales la constitucionalidad de una norma tributaria que consideren violatoria de sus derechos fundamentales, pero sí corresponde evitar que el juicio de amparo se convierta, prioritariamente, en un instrumento de planificación financiera tendiente a evitar el pago de contribuciones o a obtener devoluciones millonarias”.
PD: AQUELLO DE ABOGADIABLOS ES 'CON TODO RESPETO' (TENGO EL MISMO CASO EN CASA...ATRAEN LAS ABOGADAS)
Sólo comprendemos aquellas preguntas que podemos responder...........
El hombre de talento es naturalmente inclinado a la crítica, porque ve más cosas que los otros hombres y las ve mejor
Buenas noches. Si desde el principio hicieran los diablitos que están apalancados en las camaras bajas y alta, buenas leyes fiscales, no existieran desde el principio los 'abodiablos'.
