Iniciativa para regular inversiones de políticos en paraísos fiscales

Análisis de la iniciativa de Ley derivada de Pandora Papers.

Herramientas

Escuchar este artículo:

El 19 de noviembre la organización de periodismo Quinto Elemento Lab, responsable de la publicación en México de los Pandora Papers, anuncia que diversos senadores alistan iniciativas para regular las inversiones de funcionarios públicos en paraísos fiscales.

Los políticos y los paraísos fiscales
En la publicación, Quinto Elemento Lab señala que entre los involucrados en el escándalo de Pandora Papers, “al menos 80 de ellos fueron políticos, servidores públicos en activo o retirados, y sus familiares”.

La organización resalta una iniciativa presentada durante marzo por parte de la legisladora Nestora Salgado. Asimismo, resalta que la senadora Xóchitl Gálvez buscará introducir posteriormente una nueva iniciativa para complementar la iniciativa de Salgado.

En ese sentido, ¿qué señala la iniciativa de Salgado? ¿Y qué buscará introducir la senadora Xóchitl Gálvez a la discusión?

La iniciativa presentada (y las que vienen)
La iniciativa de Nestora Salgado pretende reformar y adicionar el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Particularmente, adiciona una fracción XI al citado Artículo con el objetivo de que el servidor público[1] deba abstenerse de “de poseer, directa o indirectamente, bienes o capitales de cualquier naturaleza en jurisdicciones con regímenes fiscales preferentes considerados como paraísos fiscales”.

Luego indica que, independientemente de las posibles consecuencias penales y fiscales, el servidor público que incumpla la obligación podrá ser sancionado con la suspensión o destitución de su cargo, con sanción económica o incluso la inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos y participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

¿Quiénes podrían estar obligados a no recurrir a paraísos fiscales? De acuerdo con la Ley en cuestión y el Artículo 108 de la Constitución, se reputan servidores públicos los siguientes:

  • Los representantes de elección popular (el presidente de la República, los diputados federales, los senadores, los gobernadores de los estados, los diputados locales, los presidentes municipales, los regidores y síndicos).
  • Los miembros del Poder Judicial de la Federación
  • Los funcionarios y empleados
  • En general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos autónomos.

Por su parte, la senadora Xóchitl Gálvez, de acuerdo con información de Quinto Elemento, “propone tipificar como delito grave el uso de paraísos fiscales por parte de servidores públicos para que pueda ser sancionado por la Secretaría de la Función Pública y por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa”. Es posible tener mayor información de esta iniciativa durante los próximos días de noviembre.

Opiniones respecto al diseño legislativo
El término de régimen fiscal preferente está íntimamente ligado a la Ley del Impuesto sobre la Renta. El ordenamiento no define como tal lo que es un “régimen fiscal preferente”, sino los ingresos provenientes de estos.

Se podría interpretar la iniciativa como en el sentido de que “los regímenes fiscales preferentes son aquellos en donde exista una carga fiscal significativamente menor que en México, en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta”. Sin embargo, en la exposición de motivos la legisladora refiere al listado contenido en la fracción XLII, Artículo Noveno Transitorio (DOF 11-Dic-2013).

Entonces, ¿el servidor público se debe abstener de “poseer, directa o indirectamente, bienes o capitales” en donde tenga un potencial ingreso con menor carga tributaria en México? ¿O deberá abstenerse de que estos bienes o capitales estén en los países listados en citado artículo transitorio?

El problema con los paraísos fiscales listados es que estos están íntimamente ligados a aquellos propuestos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Con esto en mente, diversas jurisdicciones integrantes o cercanas a este organismo terminan fuera.

En contraste, organismos como Tax Justice Network ha revelado que países como Estados Unidos (EUA), Luxemburgo, Singapur, Países Bajos, Japón, Reino Unido y Alemania son considerados entre el Top 15 de los países con mayor índice de secreto financiero. Por otro lado, en el Top 15 de paraísos fiscales se encuentran Países Bajos, Suiza, Luxemburgo, Singapur, Irlanda y Reino Unido. Ninguno de los países aquí señalados está incluido en el listado del Transitorio de la Ley del ISR. Por si fuera poco, territorios como Delaware[2], estado de EUA bastante involucrado en el escándalo (con reglas de constitución tan laxas que una periodista pudo crear una compañía para su gato), pasan desapercibidos en estos listados por no ser jurisdicciones independientes.

Resulta ideal un criterio más dinámico en donde el servidor público no pueda tener bienes o capitales en entidades que garanticen su opacidad o que, en casos donde exista una imposición, esta no sea significativamente menor a la que tendría en México. Esto es de alta importancia pues se garantiza que la eficacia de la normativa propuesta por la legisladora.

Cabe preguntarse si es posible crear una “lista” con países, jurisdicciones o territorios que entren en esta categoría ¿Podrán convivir dos listados de paraísos fiscales, uno para efectos fiscales y otro para efectos de responsabilidad pública? ¿Qué pasaría si uno es más estricto que el otro? ¿Cuál elegir? Además, ¿cómo se verían afectadas las relaciones internaciones de México, miembro de la OCDE, tras enlistar a sus “colegas” como paraísos fiscales?

Restaría preguntarse además, ¿cuál es el alcance de la posesión indirecta en paraísos fiscales? ¿Esto incluye la posesión que familiares tengan en paraísos fiscales? De ser así, ¿en qué grado? Asimismo ¿qué sucederá cuando materialmente se demuestre que el servidor público o sus familiares tienen negocios legítimos en un paraíso fiscal en donde no hay mala fe de perjudicar al fisco federal? ¿Qué pasa si adquiere estos bienes o capitales por cuestión de herencia? ¿Cuánto tiempo tendrá para regularse?

El abordaje a este tema es complicado. Restará involucrar a expertos en la materia que permitan garantizar la efectividad de la norma y que no sea fácilmente evadida.

Comentarios finales
Consulte la publicación de Fiscalia Pandora Papers ¿Qué es y quiénes están involucrados?

Asimismo, para seguir de cerca la investigación con un enfoque de los involucrados en México, consulte las publicaciones realizadas por Quinto Elemento Lab en su Especial: Los Pandora Papers.

Para seguir la investigación desde la perspectiva internacional, consulte el Especial Pandora Papers de ICIJ.

____________
Notas al pie

[1] La Ley en cuestión define a servidores públicos como “[l]as personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

[2] La fama de Delaware es altamente conocida. Una publicación en The Guardian indica cita la declaración de Shruti Shah, vicepresidente de Transparency International, cuando dice “Delaware es tan sinónimo de compañías anónimas que ha sido nombrado uno de los casos más simbólicos de corrupción”. Señala además que más de un millón de personas morales han hecho Delaware su residencia fiscal. Más de la mitad de las empresas públicas de EUA y 64% de las empresas en el Fortune 500 han elegido a Delaware como su domicilio fiscal ¿El motivo? Muy laxas reglas para constitución de empresas que logran garantizar la anonimidad, sumado a una importante disminución de la carga fiscal como se señala en Exploring the role Delaware plays as a domestic tax haven.

Acceso libre expirado

¡Lo sentimos! El período de acceso libre a la lectura de esta publicación ha terminado. Te invitamos a que te suscribas a Fiscalia y no te quedes sin acceso a esta útil información.