Convenio entre México y España para evitar la doble tributación

En términos de los incisos a) y b) del párrafo 1 del artículo 19 del Convenio bilateral citado, es regla general que las remuneraciones pagadas por un Estado contratante a una persona física, en su calidad de funcionario público, por razón de servicios prestados a este Estado, solo pueden someterse a imposición en el ente pagador. Sin embargo, la excepción se dará cuando la persona física funcionaria de un Estado presta sus servicios para el otro Estado parte, del cual también es nacional o tiene la residencia, cuando esta no derive de su encargo. En ese supuesto, para determinar el lugar de sujeción impositiva, debe atenderse al lugar de residencia permanente, esto es, donde la persona funcionaria pública tenga su vivienda habitual, así como los lazos personales más estrechos. Lo anterior, conforme a la interpretación sistemática que se hace de lo dispuesto en el artículo 9, fracción I, inciso b), del CFF en relación con el numeral 4 del tratado internacional de referencia. Ello es así, pues si bien el primer precepto de referencia establece que tratándose de personas de nacionalidad mexicana que sean funcionarios de Estado, se consideran residentes en territorio nacional aun cuando su centro de intereses vitales esté en el extranjero, el artículo del Convenio bilateral citado tiene por objeto definir la expresión 'residente de un Estado contratante' y resolver los casos de doble residencia. De tal manera que, en atención a que el tratado internacional en cuestión constituye Ley Suprema de la Unión a la par de la Constitución, conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la Carta Magna, debe atenderse al contenido del Convenio bilateral aludido, así como a las reglas de interpretación contenidas en los comentarios al Modelo de Convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que México es parte. Tesis de la Segunda Sección de la Sala Superior del TFJA, publicada en julio de 2022.