Deducciones fiscales en materia de ISR

Hechos: Una sociedad mercantil que presta servicios técnicos a la industria en general promovió un juicio de amparo indirecto en contra de diversos artículos de la Ley del ISR, expedida mediante decreto publicado en el DOF el once de diciembre de dos mil trece; entre otros, reclamó el artículo 27, fracción III, al considerarlo contrario al principio de irretroactividad porque, al establecer como límite para la deducción del impuesto que los pagos superiores a dos mil pesos que entreguen los empleadores a los trabajadores por concepto de salarios se realicen mediante transferencia electrónica, desconoce el derecho otorgado a los contribuyentes en el artículo 29, fracción III, de la abrogada Ley del ISR, que permitía deducir los pagos de nómina realizados en efectivo. El Juez de Distrito del conocimiento por el mencionado artículo reclamado sobreseyó en el juicio; inconforme con la sentencia, la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: El Poder Legislativo Federal puede, por regla general, modificar las condiciones a las que se sujeta el régimen de deducciones fiscales previsto en la Ley del ISR, si su ajuste tiende a lograr el cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes. Justificación: El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece la obligación de contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. De dicha disposición constitucional se sigue que el legislador federal está facultado, por regla general, para regular los mecanismos de tributación, incluidas las condiciones para la procedencia de las dispensas fiscales. En ejercicio de esta atribución, el 11 de diciembre de 2013 se publicó en el DOF la Ley del ISR, cuyo artículo 27, fracción III, dejó de considerar deducibles los pagos efectuados en efectivo por montos que excedan de dos mil pesos, con la finalidad de facilitar la labor de verificación de las autoridades hacendarias, al condicionar la deducibilidad de tales gastos a su erogación mediante mecanismos bancarios que permitan un mayor control. Por tanto, esta Primera Sala considera que la modificación del citado régimen de deducciones se ubica dentro de la habilitación constitucional mencionada, pues con ello el legislador federal tiende a lograr la finalidad legítima de asegurar la obtención de los recursos necesarios para sufragar el gasto público del Estado. Tesis de la Primera Sala de la SCJN publicada en diciembre de 2022.