La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo

Ante la pasada reforma constitucional en materia de derechos humanos es necesario ampliar el espectro de protección de los derechos y también surge la necesidad de un recurso en contra de actos de autoridad que vulneren los derechos contenidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México. Como Francisco Burgoa sostiene, anteriormente se dificultaba promover amparos contra violaciones de derechos humanos derivados de tratados internacionales con base en el artículo 133 constitucional.[1] Según el jurista en la práctica judicial se hacía una interpretación rigorista, cuando la interpretación debería basarse en los derechos fundamentales.